Modelar del desarrollo sin democracia. Sobre las industrias extractivas y sus reiterados conflictos.
Gerardo Seminario N.
Ahora que por la consulta en Ayabaca y Huancabamba se repiten los calificativos de “comunista” y “neoliberal”, es conveniente considerar los conflictos no como reacción contra las industrias extractivas, sino como síntoma de un modelo de desarrollo errado, que se centra en cifras macroeconómicas y esconde desigualdad y falta de democracia.
Con las proyecciones de crecimiento de precios de hidrocarburos y minerales en el mercado internacional y la posición expresa del ejecutivo a favor de la expansión de las industrias extractivas, los escenarios de conflicto están pasando a ser parte de nuestra cotidianeidad. Existe entonces el riesgo de que las posiciones con respecto a estas actividades acentúen la tendencia actual a la polarización.
Es así que se tiende a representar al país como inherentemente minero (un mendigo sentado sobre un banco de oro), a las industrias extractivas como su salvador y a los detractores de estas como subversivos. En el cuadro inverso, las industrias extractivas son intrínsecamente destructoras del medio natural y social, mientras sus detractores son paladines justicieros de las comunidades campesinas y nativas.
Aunque una caricatura, esta clasificación simplista deja ver la ideologización del debate. En la práctica es claro que la realidad es mucho más compleja. Las poblaciones impactadas suelen estar divididas, presentan posiciones diversas y a veces contradictorias con respecto a la presencia de la empresa en su territorio y las empresas han mostrado variados niveles de responsabilidad con respecto a sus impactos en las diferentes etapas de su actividad.
Sin embargo, no conozco a la fecha ningún caso en el que una actuación responsable de parte de la empresa se haya dado sin la presión de algún tipo de protesta social: desde la contaminación asesina de PlusPetrol y Doe Run, pasando por los tratos inhumanos e injustos a los trabajadores por parte de Shougang y Southern hasta la solución de los cientos de afectaciones a tierras de cultivo en selva y sierra por parte de TgP. Las empresas han asumido su responsabilidad sólo tras la toma de sus instalaciones, bloqueos de carreteras, enfrentamientos abiertos, constantes huelgas de sus trabajadores y la denuncia sobre la violación de derechos ante organismos nacionales e internacionales, instituciones estatales y medios de comunicación.
De otro lado, es también cierto que las empresas se asientan sobre situaciones preexistentes que dan forma a la posterior interacción con los actores. Un ejemplo de esto son los conflictos internos preexistentes en el distrito de San Marcos sobre los que Antamina se vino a instalar.
No se trata de satanizar ni de justificar a las industrias extractivas, sino de observar los conflictos como una realidad latente cuya solución requiere una explicación más completa, pues las posiciones en uso no son del todo útiles. Por un lado, la caricatura expuesta por el gobierno sobre la instigación de grupos cuasi subversivos de izquierda crea monstruos inexistentes. Cualquiera que conozca CONACAMI, las principales ongs ambientalista y las agencias de cooperación técnica que las financian, sabe en qué medida las declaraciones que sobre ellas hace el gobierno son mínimamente descabelladas. Por otro lado, la más aceptable posición que explica el conflicto como reacción a la opción neoliberal del gobierno y su tendencia a privilegiar los grandes capitales sobre los derechos de los que viven en los márgenes de la sociedad (campesinos e indígenas, por ejemplo), aunque mucho más realista no termina de ser completa.
Hasta cierto punto, se podría decir que el conflicto no siempre es un reclamo por igualdad y derechos. Pienso que la explicación se complementa si tomamos en cuenta que existen casos en que los actores se han movilizado y desmovilizado por intereses en cierto sentido particulares. Es decir, en un nivel importante los que protestan no se han comprado el paquete completo de ciudadanía, derechos y democracia.
En varias oportunidades se trataría de una negociación por privilegios, basada en una lógica clientelar que comparten Estado, empresa y población impactada. Pienso que en ciertos casos el conflicto no se desata -o se soluciona- en la medida que la empresa instaura lazos clientelares con los sectores de la población que detentan en su momento la cuota mayor de poder.
En este sentido la apuesta por democracia e igualdad puede ser un factor disruptivo no sólo cuando provenga de la población sino de cualquiera de los otros actores: Estado o empresa.
En la práctica, para que la empresa realice una labor responsable y solucione los impactos de su actividad y para que el Estado asuma su obligación de vigilancia y fiscalización para garantizar los derechos de las poblaciones impactadas, se ha requerido de algún nivel de presión social. Pero lo anterior no debiese llevarnos necesariamente a pensar que la movilización social de campesinos, indígenas, trabajadores sindicalizados, ongs y otros, es necesariamente una reacción democrática o una defensa del estado de derecho. Deberíamos siempre preguntarnos hasta qué punto los grupos sociales impactados por las industrias extractivas están atravesados por la retórica de la democracia y la igualdad ciudadana.
Con esta reflexión lo que busco resaltar es que el conflicto no es una respuesta a la actividad minera sino un síntoma de falta de democracia, que es entendida como factor clave del subdesarrollo. Cualquier proyecto de país y de desarrollo de este pasa por la democratización de la sociedad, tarea que le corresponde primordialmente al gobierno, pero de la que no estamos exentos los demás actores.
Entonces ¿Es la apuesta por las industrias extractivas un modelo de desarrollo errado? Es un modelo errado cualquiera que considere que el desarrollo es consecuencia única del crecimiento de cifras macroeconómicas y no contemple la democratización de la sociedad, venga este impulso del Estado, la sociedad civil o la empresa privada. Pero, si se quiere proponer a la empresa como un actor clave en la tarea del desarrollo, entonces le corresponde tanto como a la sociedad civil y al Estado construir un país democrático de ciudadanos iguales.
La respuesta simplista y reduccionista desde el gobierno que señala a las ongs ambientalistas como enemigos subversivos contrarios al desarrollo, es sólo un síntoma de que son estás quienes han asumido con mayor compromiso una tarea que corresponde no única pero sí primordialmente al Estado y a nuestros gobernantes, la defensa del estado de derecho
En todos aquellos casos en que Estado, empresa y sociedad continúen reproduciendo una cultura antidemocrática, basada en el privilegio económico de un grupo y la postergación de otros, continuaremos dando vueltas en el mismo lugar, viendo los conflictos iniciar, negociarse, apagarse y prenderse otra vez. Las industrias extractivas no son un problema en sí y los constantes conflictos no son su consecuencia sino síntomas de un país donde impera la falta de democracia.
