Una de las cosas que confunden del Informe Final de la CVR fue el mezclar muertos con desaparecidos, en la categoría ambigua del “víctímas fatales”. En efecto, en el Informe y sus conclusiones, se habla de que la cifra más probable de víctimas fatales es de 69280, siendo Sendero Luminoso el mayor responsable de estas.

Más allá de asuntos estadísticos, los asesinatos y las desapariciones tienen dimensiones cualitativas distintas. Para empezar, con el agente agresor. Según la CVR, bajo ciertos principios legales, la desaparición compete exclusivamente a las Fuerzas del Orden. Sendero no desaparecía, pero sí secuestraba. La desaparición tiene que ver con el ocultamiento de información sobre el paradero de la víctima, del detenido. De allí que la consecuencia en los familiares sea diferente a la de la señora que enterró a su hijo: Los familiares del desaparecido no cuentan con una tumba a la que ir a depositar flores. No cuentan con nada.

La CVR (en la que trabajé durante un año) reaccionó a una agenda impuesta por sus críticos al afirmar en sus conclusiones que “Para la CVR, el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas.” Miles de muertos más o menos, termina siendo una suerte de competencia macabra.

Lo cierto es que en el campo de las desapariciones (donde lamentablemente no se cuenta con una proyección independiente a la de los muertos) no hay otro responsable sino los sucesivos gobiernos. La CVR reportó (sobre el total del 70% de testimonios) 3355 casos, de los cuales 2637 corresponden a la Fuerzas Armadas, 597 a la Policía Nacional, 619 casos de otros agentes del estado, 334 desaparecidos por las rondas campesinas y 6 casos de desapariciones por paramilitares. La desaparición forzada además sí representa una expresión del carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos cometidos por las Fuerzas del Orden, en tanto obligó en casi todos los casos una acción premeditada, la de ocultar pruebas, la de mantener en la ignorancia al familiar, la de generar una atmósfera de terror. ¿Huelga decir que el momento de mayor intensidad de las desapariciones fue durante el gobierno de Belaúnde?

Los desaparecidos también terminan salpicando a los miembros del gobierno de Fernando Belaúnde, reconocido ahora como demócrata. En su oportunidad, Luis Percovich, ministro del Interior en el año 1983, cuando se iniciaron las acciones de las Fuerzas Armadas en la zona del terrorismo, dijo:

[...] hablando de un tema de estadística de desaparecidos quiero mostrarles este cuadro que se refiere a la denuncia de Amnistía Internacional. En julio de 1985 Amnistía Internacional presentó una denuncia de la supuesta desaparición de 1,005 personas. Este cuadro demuestra que los supuestos desaparecidos fueron solo 27 si consideramos textualmente las cifras mostradas en el mismo. Ciudadanos no inscritos en el Registro Electoral 579, fichas verificadas en el Registro Electoral de ciudadanos inscritos en el nuevo registro después de su supuesta desaparición 348, nombres repetidos en la denuncia 9, nombres que figuran con dos o más libretas electorales 35, personas que se presentaron después de conocer la denuncia de su presunta desaparición 7, en total de 978 de los 1,005 quedaba por esclarecer la situación de los 27, pero no soy ingenuo para pensar que los 579 existieron pudieron haber existido, pudieron no haber estado en los registros electorales, pudieron haber sido victimados. Pero por lo menos las cifras que pudieron ser verificadas fehacientemente demuestran de que la denuncia de Amnistía Internacional es falsa [...] (Las desapariciones forzadas, IF de la CVR).

Años después repetiría el mismo argumento, frente a la CVR. “Nadie fue desaparecido”. En agosto de 1983, el “democrático” Belaúnde también actuó en consecuencia:

Al recibir dicho informe, el Presidente de la República Fernando Belaunde Terry, no sólo calificó de «comunista» a Amnistía Internacional, desconociéndola como institución representativa de los Derechos Humanos, sino que, además, ignoró el informe diciendo: «Las cartas de Amnistía Internacional van al tacho de basura [...] yo no las acepto».

Genial. Y a Belaúnde se le hacen monumentos, pasajes, calles. Se le reconoce como el gran demócrata.

Los desaparecidos, como habíamos afirmado antes, representan en mucha medida el drama y la tragedia de la violencia política. Representan la deuda aún no saldada por parte del estado peruano y los casos particulares de los que hablamos. ¿Reparaciones colectivas? No. Reparaciones individuales, resolver la situación de cada una de estas personas que no tiene aún una tumba a la cual ir.

Particularizando caso por caso, quizá nos demos cuenta de que para muchos de nuestros compatriotas, la violencia no ha terminado.

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No estoy tan de acuerdo con Godoy, con eso de que la CVR dio voz a las víctimas y que presentó los hechos tal como ocurrieron, “de modo claro y directo”. Creo que la edición del Informe Final le dio mucho énfasis a las interpretaciones de la violencia política y poco a los casos concretos. El Informe Nunca Más de Argentina va por ese sentido, el del testimonio, y no tanto en la gran interpretación o “Gran Relato” (justamente, esa es la traducción del título de la versión “resumida” del Informe Final de la CVR) que busca ser este Informe, por demás incompleto en tanto se recogieron 17,000 relatos (en minúscula, si seguimos la lógica de la CVR) para aproximadamente 30,000 muertos y desaparecidos, esperándose recoger muchos más (sobre todo si tomamos en cuenta que se han calculado aproximadamente 70,000 muertos y desaparecidos).

Digamos que la opción “intepretativa” fue un camino que ha generado sus propias contradicciones, como la de poner énfasis en las distintas discusiones en las profundidades de la violencia política (las causas, las dimensiones de la violencia, las consecuencias sociales y políticas), pero que esconde la estruendosa voz de los testimoniantes. La escala de los cambios necesarios para seguir las recomendaciones del Informe Final es demasiado grande, y requiere un compromiso y alianza de muchos sectores. Por otro lado, la escala de los testimonios y los hechos, requiere acciones concretas, puntuales, de búsqueda de justicia y reparación concreta. Esto implica además velocidades distintas, miradas distintas. Creo que a veces nos preocupamos mucho por lo macro y poco por lo micro.

(Adiós Ayacucho, Yuyachkani)

Desde la pequeña a la gran escala. Por ejemplo, el caso de la recluta Sadith Raymondi, víctima de violación por un oficial del Fuerte Hoyos Rubio. La investigación y todo se encuentra en el fuero castrense y si bien es cierto ha recibido el apoyo del Ministro Flores Aráoz y del General Donayre, al parecer lo máximo que se puede aspirar en el Fuero Militar es que los involucrados se “vayan a su casa” (Donayre dixit). El caso de la recluta Raymondi pone en tela de juicio la jurisdicción del fuero militar, en tanto se ha cometido un crimen tipificado en el Código Penal. Interesante, porque actualmente se está poniendo en observación los fallos de la justicia castrense. En Argentina se ha avanzado mucho más, desapareciendo la misma idea de un Consejo Superior de Justicia Militar. Los crímenes, crímenes son y al fuero civil.

Como se ve, de la pequeña a la gran escala. Los testimonios recogidos por la CVR (y relegados a la sección de anexos) ofrecen un campo quizá más crítico aún que el propio informe. 17,000 testimonios que nos siguen interrogando y que merecen ser escuchados.

PS. Oscura también es la afirmación sobre el principal responsable de la violencia. El término correcto debería ser “responsable penal”, ya que cualquier muerte y desaparición de cualquier ciudadano es responsabilidad sobre todo del Estado peruano, ausente o incapaz de evitar tanta tragedia.

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