política: nelson manrique y el caso rafael rey

——>TEXTO COMPLETO DE MANRIQUE (PERU21 24/01/05):

El sepulcro blanqueado

“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de muertos y de toda inmundicia!”.
[Mateo 23:27]

Rafael Rey Rey y José Barba Caballero, los máximos líderes de Code-Renovación, alcanzaron su inscripción electoral a fines de 1999 presentando ante la ONPE planillones con nada menos que 2’270,335 firmas de adherentes. Según datos de la ONPE, en ese momento el número total de electores inscritos en el padrón electoral ascendía a 12’085,545. En otras palabras, la cantidad de firmas presentadas por Rey y Barba equivalía al 18.8 % de los electores. Algo así como uno de cada cinco peruanos firmando sus planillones. Es fácil confirmar la consistencia de estos datos: si usted pregunta a diez peruanos, estadísticamente al menos dos de ellos deberían haber firmado los planillones de Code-Renovación. Haga la prueba, para ver si eso es posible.

Como es natural, al realizarse las elecciones de abril del año 2000, a cuatro meses de la inscripción de su organización, el apoyo electoral de Rey y Barba no alcanzó sino una ínfima fracción del supuesto apoyo alcanzado en la recolección de firmas. En las elecciones para el congreso Rey obtuvo 55,189 votos y Barba 11,713; los dos juntos apenas el 0.5 % de los votos emitidos.

El diario La República ha publicado un extenso informe, basado en uno de la ONPE de José Portillo, que hasta ahora se mantuvo secreto, donde se analiza detalladamente el inmenso fraude. Code-Renovación se inscribió gracias a una masiva falsificación de firmas tomadas del padrón electoral, copiando las firmas de los electores de mesas de escrutinio completas, incluidos los errores cometidos en los padrones. En el frenesí de la copiadera, se falsificó hasta la firma del propio José Portillo Campbell.

A pesar de todo, la ONPE reconoció 499 mil firmas como válidas y la inefable Blanca Nélida Colán cortó la demanda de que se investigara, con el argumento de que las irregularidades documentadas eran solo “una falla administrativa”, con lo que se archivó el expediente. La razón es clara; a lo largo de la década del 90 Rey y sus acólitos fueron firmes aliados del fujimorismo, lo suficientemente leales como para defender y firmar la amnistía promulgada por Fujimori para el grupo Colina.

Indigna la hipocresía de quien es capaz de erigirse en el acusador en un tema en que él tiene mucho que explicar a la ciudadanía. La legitimidad de la elección de los integrantes de Code-Renovación está en entredicho, pero, más allá de las leguleyadas que se esgrimirán para justificar lo injustificable, el cinismo del que Rafael Rey Rey hace gala es más que suficiente para descalificarlo moralmente.

—–> LO QUE DICE LA LEY:

CÓDIGO PENAL DE PERÚ

TITULO II – Delitos Contra el Honor

CAPITULO ÚNICO – INJURIA, CALUMNIA Y DIFAMACIÓN

Injuria
ARTÍCULO 130°.- El que ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos o vías de hecho, será reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a cuarenta jornadas o con sesenta a noventa días-multa.

Calumnia
ARTÍCULO 131°.- El que atribuye falsamente a otro un delito, será reprimido con noventa a ciento veinte días-multa.

Difamación
ARTÍCULO 132°.- El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días-multa.

Si la difamación se refiere al hecho previsto en el artículo 131º, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y con noventa a ciento veinte días-multa.

Si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenticinco días-multa.

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Slds, Kike

En principio uno se solidariza con causas nobles, justas. El que Nelson Manrique sea historiador o analista político (como le gusta autotitularse) no le da patente de corzo para difamar.

[este comentario ya había aparecido en otro post de este blog. RB]

Comenzaré mi participación en este foro comentándoles que me llamó mucho la atención el esmero prestado a la semántica para justificar un clarísimo atentado al derecho al honor. Continuando con esta práctica, me parece justo diferenciar los significados de firmas inválidas y firmas falsas. En ese sentido, entiendo que una firma es inválida cuando no se cuestiona que el adherente en verdad firmó el padrón, sino que no cumplen los requisitos señalados por la ley como por ejemplo que la firma sea igual a la que figura en el DNI o que no la persona no haya firmado como adherente en otro partido. Asimismo, entiendo que una firma es falsa cuando la rúbrica de la persona que figura en el planillón como adherente en realidad ha sido hecha por un tercero como producto de una organización delictiva (fábrica de firmas) o simplemente para obtener un beneficio como el pago que por cada firma hacían las distintas organizaciones políticas. Visto así me queda claro que a País Posible, se le acusa de haber montado una fábrica de firmas, que no es lo mismo que tener muchas firmas inválidas.
Otra aclaración que me parece importante es que la firma como adherente de un partido no significa que esa persona se haya afiliado a ese partido y mucho menos que adquiere un compromiso de votar siempre o al menos en las próximas elecciones por él. Simplemente es una manifestación de que les interesa que ese partido esté presente en el espectro de partidos políticos. Algo así como que les interesa tenerlo como opción. Igual ¿Rafael Rey no sacó poco más de 711 000 votos? Me parece que en ese sentido la población sí respaldo al líder de Renovación Nacional.
Por otro lado, muchos participantes de este foro creen que nos encontramos frente a un conflicto de derechos: Derecho a la intimidad vs derecho a la libre opinión política de un columnista. Aquí Ángel ha resumido muy bien su posición cuando dice que defender las expresiones de Nelson Manrique es afirmar que la difamación es una “forma” de libertad de expresión. Sólo me queda decir que el hombre honrado es el que mide su derecho por su deber, y el deber de todos es respetar la honra e imagen de los demás. El columnista pudo ejercer muy bien su derecho de opinión sin necesidad de usar términos y frases ofensivas que configuran el delito de difamación. Más aún, si se trata de un intelectual experto en el uso del idioma castellano.
También queda claro, para quienes entienden algo de Derecho, que el hecho se encuentra tipificado en el delito de Difamación agravada y que en todo caso el señor Manrique podrá salir bien librado si en el proceso judicial prueba sus afirmaciones como estuvo dispuesto a hacerlo en su momento Rafael Rey cuando acusó públicamente a Alejandro Toledo. En ese momento no recuerdo que el Instituto que ahora pide públicamente presionar al Poder Judicial haya dicho nada. Por cierto, muy mal que se pretenda hacer creer que se trata de una persecución política y mucho peor pedir que los ciudadanos mandemos cartas de apoyo al señor Manrique (con dirección y todo) a los Magistrados del Poder Judicial con el claro fin de influir en su decisión.
Finalmente debo criticar que algunos anónimos que defienden al señor Manrique, presentándose como intelectuales y discípulos del cuestionado columnista, no sepan responder a una crítica muy bien hecha y sin agravios. Todo lo contrario, es una lástima encontrarme con ofensas que se contradicen con su supuesta férrea defensa de la libertad de opinión. Me parece que el Blog sólo tiene sitio para opiniones de apoyo a su “maestro”. Ya lo decía un proverbio chino, cuando te domine un gran enojo, mejor no respondas ninguna carta. Yo diría que tampoco un comentario en este Blog…